Además, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey consideró que “existen algunos grises” que “podrían complicar los derechos de los ciudadanos”.
Con la adhesión de la Ciudad y Mendoza para el nuevo protocolo de uso de armas de fuego por parte de la Policía dictado por el Ministerio de Seguridad, tal como anunció la Provincia de Buenos Aires, “por el momento” quien se mostró en contra es la provincia de Jujuy.
El ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer afirmó que “por el momento” la provincia gobernada por Gerardo Morales “no necesita adherirse”. “Hoy comencé la reunión hablando de la resolución 956/18 dictado por la ministra Patricia Bullrich. Tengo una opinión formada sobre este tema y quería escuchar las opiniones de jefes de la Policía que tienen muchos años de servicio y todos coincidimos en que hay distritos donde se puede llevar adelante esta medida, nosotros creemos que no estamos a la altura de Buenos Aires ni Rosario a nivel delictivo”, afirmó el funcionario en declaraciones al diario El Tribuno de Jujuy.
También explicó que la aplicación del protocolo dictado por la Nación “en Jujuy en estos momentos no es necesaria”.
Por su parte, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey sostuvo que dicho protocolo para está “dentro de lo que establece” la ley: “El reglamento planteado puede tener algún gris, particularmente en la cuestión de la fuga, estaría bueno precisarlo como así también lo de peligro inminente. El resto del protocolo está dentro del marco de la ley vigente en la Argentina”.
Sin embargo, el mandatario provincial consideró que existen “algunos grises” y planteó las diferencias entre una fuga de delincuentes armados, disparando y en tiroteo con la fuga de una persona que no ofrece peligro inminente. “Esos grises pueden complicar los derechos de los ciudadanos y también dejar desprotegidos a los agentes de seguridad que crean que están haciendo lo que está dentro del marco de la ley y que esté afuera”, señaló.
Y ante la polémica del debate que se desató pidió “bajar un poquito los decibeles, no subirnos en un tema que debe ser una política de Estado porque se trata de darle alguna herramienta a las fuerzas de seguridad que van a enfrentar a delincuentes armados y no pueden ir tocando el silbato”.
